Hace un par de meses se dio a conocer un dato sobre la opinión pública estadounidense que, debido a la crisis del coronavirus, pasó prácticamente desapercibido en nuestro país. Me refiero a la mejoría en la imagen de México entre el público del país vecino.
Desde esta perspectiva, la mejoría en la imagen de México se debe a la renovación del acuerdo comercial con Estados Unidos y a la prosperidad asociada al libre comercio.
Pero hay otra narrativa posible. Tiene que ver con la inmigración, en especial con la política mexicana de cooperación con el gobierno del presidente Trump y con la mano dura hacia los migrantes centroamericanos. El acercamiento de la política migratoria mexicana a los planteamientos del gobierno vecino puede ser la razón detrás de la mejoría en la imagen de México. En combinación con la caída histórica en la migración mexicana hacia Estados Unidos, la política de mano dura hacia los centroamericanos puede haber modificado la percepción que algunas personas, especialmente los republicanos, tienen sobre nuestro país.
Menciono algunos datos que hacen plausible esta explicación. En primer lugar, son los republicanos quienes cambian de manera dramática su percepción sobre México. En años anteriores, menos de la mitad de ellos tenía una percepción positiva de México y ahora 58% lo hace, lo que significa un crecimiento de 13 puntos porcentuales en un año. La opinión de los demócratas literalmente no se movió. Este cambio en la opinión pública coincide con el cambio en la política migratoria de México hacia los centroamericanos.
En segundo lugar, es de sobra conocido que los simpatizantes republicanos son más sensibles al tema migratorio que el resto de la población. Como ha señalado el Chicago Council on Foreign Relations, los republicanos empezaron a percibir la inmigración como una “amenaza crítica” a partir de 2004 (Republicans and Democrats in Different Worlds on Immigration”, 8 de octubre, 2019). (Jorge Buendía, El Universal, Opinión)
“Si bien el 27 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley de la Guardia Nacional, la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha institución de seguridad pública, requiere de un período de implementación, a efecto de cumplir cabalmente con las funciones a su cargo”, justifica el Acuerdo publicado ayer.
Un año después, la Guardia Nacional está lejos de ser la panacea para el gobierno de López Obrador para el control de la inseguridad y pacificación del país. Desviada de su intención original, la corporación se dedica casi por completo a contener migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.
Tarea reconocida y agradecida en varias oportunidades por Donald Trump, tras la amenaza de aranceles crecientes a exportaciones nacionales si México no hacía algo efectivo; hacer las veces de muro fronterizo. Y lo hacemos.
Igual que cuando Felipe Calderón lo ordenó. Igual que cuando Enrique Peña Nieto no pudo retroceder, acaso sólo dio menos publicidad y ahora, la 4T opta por la receta tan criticada antes, ya con normas jurídicas hoy. (Carlos Urdiales, La Razón, México, p. 5)
La militarización de la seguridad pública era una decisión esperada dados los nulos resultados que ha ofrecido la muy publicitada Guardia Nacional.
Esta militarización ya estaba programada en la Ley que dio vida a la Guardia Nacional, pero fue hasta ayer que el presidente López Obrador decidió echar mano de ella.
¿Se trata de una medida desesperada ante los crecientes índice delincuenciales en casi todo el país?
No es una medida que le guste al Presidente, pero dada la penetración de la delincuencia organizada en policías municipales, estatales y a la insuficiencia de la Guardia Nacional que ha destinado un gran número de efectivos a detener migrantes en la frontera sur, no quedaba de otra que recurrir al Ejército y la Marina.
Hay, sin embargo, algunas preguntas que quedan en el aire. ¿A quién van a reportar directamente los militares? ¿A sus mandos, al Secretario de Seguridad Pública, a su jefe máximo -el Presidente-, a los presidentes municipales o a los gobernadores? (Adrián Trejo, 24 Horas, México, p. 3)
Desde el 27 de mayo del año pasado nos recetaron la Ley de la Guardia Nacional que, prometió el Presidente, sería provisional, nunca reprimiría al pueblo y estaría siempre bajo mando civil.
La tendencia a mentir de López Obrador vuelve inútil preguntar si el motivo del fracaso quizá sea que los elementos de la Guardia han estado muy ocupados en la frontera sur haciéndole el trabajo sucio a Donald Trump; lo cierto es que la deferencia mostrada una y otra vez por nuestro Presidente hacia los capos en general y hacia la familia de Joaquín Guzmán en específico hacen difícil creer que esa militarización obedeció al propósito inicialmente esgrimido.
Es preocupante pensar en cuál será realmente el uso que se le dará a esta nueva Guardia recargada, porque el récord de bateo del presidente no es alentador: la promesa del mando civil la incumplió casi de inmediato, cuando presentó al general de brigada Luis Rodríguez Bucio como cabeza de la estructura. La de no agredir al pueblo tardó unos meses más, cuando vimos a los uniformados agarrando a macanazos a los migrantes, mujeres y niños incluidos, y la provisionalidad la acaba de reventar por decreto, aunque técnicamente haya fecha del 27 de marzo de 2024 para deshacer el presente entuerto: justo cuando esté terminando su sexenio. (Roberta Garza, Milenio, Política, p. 12)